Como parte de la comunidad LGBTQ+ la “Marcha del Orgullo” nos ha permitido a muchos “salir del closet” e, indudablemente, es una oportunidad para agradecer a quienes lucharon, desde diversas trincheras, para que la diversidad sexual dejara de ser un delito y se trasformara en un derecho humano (Juan Jacobo Hernández, Xabier Lizárraga, Nancy Cárdenas, Terry Holiday, Salvador Irys, Carlos Monsiváis, Juan Gabriel, entre muchos otros).  Sin embargo, esta batalla por incluir a una población que oscila entre el 10% y 15% de las y los mexicanos debe redirigirse a la ocupación de cargos públicos.

En efecto, para una verdadera integración el reto es aún mayúsculo. Por ello necesitamos políticos que sean abiertamente parte de la comunidad LGBTQ+ para que así nos ayuden a eliminar la visión judeocristiana de “la pirámide machista” (Sabina Berman); sistema en el cual los hombres heterosexuales gozan de grandes privilegios, sobre el resto, es decir: las mujeres, los gays, las lesbianas, los transexuales, etc.

En este sentido, la integración en la esfera del poder público de seres humanos que han sufrido de discriminación puede tener, entre otros, dos efectos virtuosos. En primer lugar, podría ayudar a desarrollar políticas públicas que atenúen viejos y nuevos esquemas de segregación, tal como ocurre con las personas económicamente marginadas, las cuales enfrentan crecientes dificultades para acceder a las nuevas tecnologías de la información, lo que los orilla a una nueva especie de “analfabetización funcional”. En segundo lugar, la narrativa de la inclusión ayuda a fomentar el valor de la diversidad de opiniones; aspecto trascendental para el buen funcionamiento democrático, además de convertirse en contrapeso fundamental para enfrentar crecientes intentos autoritarios.

Por otra parte, el actual contexto internacional demuestra que los logros conseguidos en favor de la integración también pueden estar en peligro. Así en menos de 1 año en la Federación Rusa se han promulgado dos leyes que buscan multar “acciones de propaganda homosexual” y el Parlamento Europeo ha tenido que exigir la retirada de fondos a Hungría, como castigo a sus leyes homófobas. En este mismo sentido, pese a los avances legales, México es el segundo país de América Latina con más crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+.

En conclusión, si bien la marcha del orgullo es un día de celebración, también es una fecha en la que debemos preguntarnos hacia donde más debemos de dirigirnos en esta lucha por la inclusión, misma que requerirá de políticos abiertamente pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. En mi caso particular, si bien conté con familiares y amigos que incondicionalmente me apoyaron, mi salida del closet, cómo la de la gran mayoría, no estuvo exenta de obstáculos. En este sentido ¿cuántos años costará a la sociedad mexicana desmitificar del subconsciente colectivo que el hecho de ser diferente debe dejar de considerarse como algo negativo?

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